Libertad de expresión y regulación

Durante los últimos años y en especial el 2020, la explosión de internet ha supuesto un cambio radical en la forma de comunicarnos. Los desafíos propios de esta realidad como los ataques informáticos, la desinformación o la alta exposición de la privacidad han impulsado una ola de propuestas normativas que pueden perjudicar a los ciudadanos más que protegerlos.

Diversos países de latinoamérica vienen discutiendo proyectos de ley que sugieren restricciones al uso de redes sociales e imponen consecuencias penales a su incumplimiento. ¿Es razonable utilizar esquemas normativos para restringir más allá de sus límites razonables el derecho a la libertad de expresión y de información? En las siguientes líneas analizaremos el impacto de estas propuestas.

Propuestas de regulación en Latinoamérica

A inicios de 2018, el Congreso Nacional de Honduras discutió un proyecto que exigía a las plataformas de redes sociales bloquear o suprimir “contenido ilegal” en un plazo de 24 horas. Por su parte, la cámara de representantes de Colombia analizó en 2019 una propuesta legislativa que buscaba establecer parámetros y procedimientos generales del uso de las redes sociales.

El mismo año se presentó en el Perú un proyecto de ley que pretendía modificar el Código Penal a fin de incluir el uso “indebido" de las redes sociales como delito de difamación. Durante el 2020, en Chile se presentó una moción en el mismo sentido, con el objeto de penalizar la divulgación de noticias falsas a través de medios de comunicación o redes sociales.

El 2021 no es ajeno a esta tendencia regulatoria. En lo que va del año México presentó una iniciativa mediante la cual las redes sociales que tienen más de un millón de usuarios tendrían que registrarse y solicitar autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para ello, requerirá que los términos y condiciones comprendan la eliminación de mensajes de odio, entre otros aspectos.

Asimismo, recientemente en el Perú se ha presentado una propuesta que pretende regular la utilización indebida de redes sociales, estableciendo prohibiciones a usuarios, obligaciones a las plataformas y busca modificar el código penal.

Impacto de las propuestas

Cualquier posible delito cometido en internet, la desinformación, el discurso de odio y otros desafíos que se producen en el ámbito de internet generan mucho debate alrededor del mundo. No es una discusión sencilla, por tanto les invito a plantearnos interrogantes ante las supuestas soluciones mágicas que se planteen.

Por mucho tiempo el derecho a la libertad de expresión y la libre circulación de la información han estado enfrentados con el derecho al honor. El surgimiento de internet y su rápida adopción ha acentuado este conflicto. Sin duda, hay un delicado equilibrio que preservar, pues se encuentran en juego los derechos humanos.

1. Impacto en el usuario

Para tener una internet confiable, los usuarios tienen que sentirse seguros en el ambiente digital, lo cual implica poder participar de las discusiones e informarse en los espacios de debate en línea. Esto es lo que supone la riqueza del debate público y que los usuarios tengamos la posibilidad de leer e intercambiar distintos puntos de vista para reafirmar la democracia y mejorar nuestra capacidad crítica.

Cuando se intentan implementar regulaciones que incluyen filtros y moderación de contenido, así como la penalización de las conductas realizadas en redes sociales, el efecto es la restricción de las comunicaciones libres y abiertas, limitando así los derechos de los individuos. Las propuestas comentadas anteriormente comprenden restricciones a la libertad de expresión que exceden ampliamente lo que podría considerarse legítimo conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

En ese contexto, los grupos minoritarios y más vulnerables de la sociedad (como los grupos LGBTQ+ y los pueblos originarios), pueden sentirse obligados a retirarse del debate e inhibidos de participar en cualquier discusión.

Además, vale la pena recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Herrera Ulloa estableció un importante límite al determinar que la penalización de las expresiones en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático.

Por el contrario, en toda sociedad democrática, los jueces son quienes han sido formados para aplicar juicios de ponderación y equilibrar. Por tanto, esta tarea no le debe corresponder al Estado y tampoco a entes privados, siendo exclusiva labor de los jueces. No sorprende entonces, que la propuesta de Colombia fuera calificada como un signo preocupante del debilitamiento de la libertad de expresión en el Reporte Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

2. Impacto en internet

De acuerdo a un análisis técnico de Internet Society respecto a las distintas modalidades de filtrado de contenido, todas ellas tienden a presentar dos desventajas principales:

1. no resuelven el problema, y
2. ocasionan daños colaterales.

En primer lugar, se considera que el filtrado no resuelve el problema, pues no elimina el contenido de internet, no detiene la actividad ilegal -si fuera el caso-, ni procesa a los responsables; simplemente es como si colocara una cortina frente al contenido.

Por otro lado, el filtrado de contenido produce profundos quiebres en 4 de las 5 propiedades críticas de internet tales como:

• (a) ser una infraestructura accesible con un protocolo común,
• (b) tener una gestión descentralizada y un único sistema de enrutamiento distribuido,
• (c) tener identificadores globales comunes, y
• (d) ser una red tecnológica neutral y de propósito general.

Internet es la red de redes formada por redes independientes que utilizan los mismos protocolos técnicos y eligen colaborar y conectarse entre sí. Para ello no hay control ni coordinación centralizada. De acuerdo a Internet Society, el filtrado de contenido interfiere y daña el sistema de enrutamiento distribuido común del que depende internet al interferir con el funcionamiento del sistema de identificador global común IP y el DNS.

Por otro lado, al tener un propósito general internet requiere que los operadores de servicios de red realicen funciones básicas, como pasar paquetes de datos sin preocuparse por su contenido, sin interceptarlos y examinarlos, pues se estaría interfiriendo con el tráfico de la red por razones no operativas.

Asimismo, las técnicas de filtrado pueden resultar excesivas o insuficientes, es decir, bloquear más de lo deseado y, al mismo tiempo, menos, pues contienen sitios web que se han clasificado de forma incorrecta o están almacenados en la misma dirección IP o el mismo dominio. Con ello, reducen la transparencia y la confianza en internet e invaden la privacidad de los usuarios. Todos estos aspectos técnicos deben tenerse en cuenta al analizar el filtrado de contenido como parte de la regulación nacional.

¿Soluciones mágicas?

En conclusión, no existen las soluciones mágicas. Como lo advierte Internet Society basada en análisis técnicos, el filtrado de contenido en internet como respuesta a actividades ilegales suele ser ineficiente y, por lo general, perjudica a los usuarios de internet. Del mismo modo, agravar las penas por difamación efectuada en medios digitales representa una amenaza a la libertad de expresión en tanto reprime a los usuarios.

Los desafíos complejos requieren soluciones planteadas a partir de procesos abiertos de discusión entre las múltiples partes interesadas y de análisis de calidad regulatoria en el marco del respeto de los Derechos Humanos. Ello es fundamental para que los hacedores de política puedan comprender cómo funciona internet, entender y cuestionar el alcance y los límites de las medidas que se plantean para evitar medidas desproporcionadas.

Cualquier iniciativa regulatoria relacionada con internet debe contribuir con el proceso de transformación digital de cada país, poniendo en el centro al ciudadano y asegurando que se preserven sus derechos fundamentales y las propiedades críticas de internet.

Ahora que conoces sobre las implicancias de estas iniciativas regulatorias, ayúdanos compartiendo esta información y te invitamos a participar en los procesos de discusión en tu país, ya sea mediante tus redes sociales como acercándote a organizaciones que trabajan por los derechos en internet. De ese modo, construimos una internet global, abierta, confiable e interoperable para todas y todos.

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Este artículo fue escrito por:

Paola Gálvez, Colaboradora en Puentech

Abogada cuya práctica se centra en economía digital, privacidad y ciberseguridad. Es consejera estratégica sobre regulación digital y políticas públicas en la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Ha sido Líder de Asuntos Públicos y Regulatorios de Niubox y anteriormente trabajó en Microsoft. Paola es miembro del directorio del Observatorio de la Juventud de Internet Society y Open Internet Leader 2020-2021.